El biministro de Obras Públicas y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró que el cable submarino Chile?China Express sigue "su curso natural" y aún no ha sido descartado por el Gobierno de José Antonio Kast, a pesar de que el mismo día del cambio de mando el embajador norteamericano en Santiago, Brandon Judd, afirmó que el proyecto tenía los días contados.
"El cable chino ya se acabó. No creo que vaya a seguir, pero vamos a ver", afirmó Judd a la prensa al término de la ceremonia en el Congreso Nacional, el 11 de marzo pasado.
Sin embargo la noche de este lunes, en entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, De Grange afirmó que "el tema del cable chino sigue su curso normal", y agregó que está en su etapa administrativa.
"China y Estados Unidos son dos socios estratégicos para Chile, tremendamente importantes, y por supuesto que vamos a empujar las mejores relaciones con ambos", complementó la autoridad, quien recordó que aún queda un buen trecho por delante pues "estamos en proceso de recopilación de información; se han planteado una serie de dudas, que son las dudas normales que se plantean a todas las empresas que requieren solicitar una concesión".
Tocante a si el gobierno teme medidas extremas como la revocación de sus visas norteamericanas sufridas por tres funcionarios del gobierno de Boric que trabajaron en la tramitación del proyecto- entre ellos el exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz-, De Grange señaló que "no hay razones para estar preocupados".
"Nosotros, por supuesto, mantenemos nuestra soberanía", sostuvo, agregando que "las relaciones con Estados Unidos, con el mismo embajador Judd, son muy buenas, y también con los chinos. Son socios estratégicos, es natural que mantengamos esa muy buena relación", remató el secretario de Estado.
Infobae ya había advertido en otras oportunidades sobre las alertas que este convenio con el régimen generaban en la región. El Chile?China Express no es un cable cualquiera, pues colocaría a China en posición de controlar nodos de transmisión estratégica en el Pacífico y en América Latina. Con velocidades -supuestamente- de hasta 16 terabits por segundo, dicho proyecto significaría un "salto cualitativo" ofreciendo mayor velocidad, fiabilidad y una reducción en los costos asociados a la transmisión de datos, posicionando a Chile como un hub digital en la red global de telecomunicaciones, de acuerdo a sus promotores.
Sin embargo, desde 2017 China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia y establece requisitos de almacenamiento local, auditoría y transferencia de datos para operadores de infraestructura crítica.
A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo.
En el caso de Chile, la vulnerabilidad no se limita a su territorio. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su tráfico enrutado por el Chile?China Express, por lo que la naturaleza transnacional de los cables convierte a este proyecto en un asunto regional y no solo doméstico. En resumen, el control chino de la infraestructura digital en Chile podría comprometer la seguridad de datos de millones de latinoamericanos.
En medio del cambio de mando, el embajador norteamericano en Chile, Brandon Judd, le puso punto final al proyecto, asegurando que "el cable chino ya se acabó. No creo que vaya a seguir, pero vamos a ver. Chile puede elegir lo que quiere hacer, pero la cosa es que si Chile quiere ser socio de nosotros, y si nosotros queremos ser socios de Chile, nosotros tenemos que aprender lo que es mejor por ambos países".
La iniciativa es vista con recelo desde Washington por sus implicancias estratégicas y geopolíticas y un mes antes del cambio de mando, Judd ya había advertido que el proyecto "ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales".
"Esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Espero que no llegue a ese punto", advirtió en dicha oportunidad.
